Desde el inicio de su mandato, ya se contabiliza la pérdida de 17 mil puestos de trabajo. Los más afectados fueron los empleados del estado.
Escrito por Valentina Chávez. Presos del ajuste del gobierno, más de 15 mil trabajadores fueron despedidos en las últimas semanas. INADI, CONICET, ANSES, ENARD, AYSA y ENACOM fueron algunos de los espacios de la administración pública, que han sufrido mayor cantidad de recortes. Además, con el anuncio del cierre de la agencia estatal TELAM, se estima que 700 familias quedaron en la calle. Sin embargo, los empleados del estado no fueron los únicos afectados de esta política de ajuste.
Las pymes acumulan más del 80% de los despidos como consecuencia del programa económico de Milei y Caputo. Los rubros más comprometidos son el textil, la industria del calzado; y los fabricantes de muebles y de bienes de capital. Según Daniel Rosato, titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA), “los indicadores están al mismo nivel que en la etapa de la convertibilidad de la administración de Carlos Menem”. Además, aseguró que Milei generó en cuatro meses el mismo retroceso en la industria, que Mauricio Macri en cuatro años de gestión. Mientras tanto, la CGT marchará el miércoles por el día del trabajador bajo el lema “La Patria no se vende”.
Otro de los sectores más afectados, es el de los trabajadores del sector de la construcción, como consecuencia de la paralización de la obra pública. La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) advirtió que desde fin de año se perdieron más de 80 mil puestos de trabajo, en un área clave para dinamizar la economía.
Según el INDEC, El desempleo había caído al 5,7 por ciento a fines del 2023, pero el plan de ajuste fiscal aplicado por el gobierno de Javier Milei lo hizo subir de nuevo en el primer trimestre del año. Por otro lado, La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en la votación en general el nuevo proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Un punto importante, es que esta nueva versión, declara sujetas a privatización a algunas empresas públicas y establece reformas en el mercado laboral, como la ampliación del período de prueba o la creación de un fondo de cese laboral.